COMPONENTES BÁSICOS DE LA PROPUESTA CIUDADANA

DE LEY GENERAL DE AGUAS


A partir de la promulgación, en febrero de 2012, de una reforma

constitucional que incluía la exigencia de establecer una Ley

General de Aguas que garantizara el derecho humano al agua y

favoreciera una gestión sustentable y equitativa del recurso, más

de 450 investigadores e integrantes de organizaciones civiles elaboraron

minuciosamente una iniciativa ciudadana.

Hoy en día, tras la primera aprobación por comisiones de diputados de

la iniciativa escrita por la Comisión Nacional del Agua, que continúa

un modelo de manejo del agua insostenible, autoritario y privatizante,

es imperativo pugnar por que la iniciativa ciudadana constituya el núcleo

de la ley que finalmente apruebe el congreso.

Por gentileza del movimiento de organizaciones, académicos y

representantes comunitarios Agua para Tod@s, Agua para la Vida,

y para motivar la lectura y la difusión de la iniciativa ciudadana completa,

así como de su exposición de motivos, les ofrecemos una síntesis de sus principales

elementos.

Asimismo, les invitamos a sumarse con su firma a la oposición ciudadana

a la iniciativa de ley de la Comisión Nacional del Agua.



La propuesta ciudadana de Ley General de Aguas reconoce al agua como un bien común de la nación, proveniente de la naturaleza. Propone garantizar el acceso equitativo y sustentable al agua a través de las siguientes instancias e instrumentos de planeación, gestión y contraloría ciudadana:

 

1. El reconocimiento y la restauración de los derechos al agua y al territorio de los pueblos originarios.

 

2. La construcción de instancias de planeación ciudadana-gubernamental desde la microcuenca hasta el nivel nacional.

 

3. La implementación de planes rectores consensuados y vinculantes cuenca por cuenca, con las obras y las políticas requeridas para garantizar agua de calidad y restaurar los flujos y los ecosistemas, para así eliminar los factores que están generando vulnerabilidad a inundaciones y sequías.

 

4. El rediseño del sistema de concesiones para corregir el actual concesionamiento excesivo y arbitrario, y así lograr el acceso sustentable y equitativo mandatado por la Constitución. Las concesiones no serían transferibles y se tendrían que ajustar anualmente según la disponibilidad real, determinada por especialistas sin conflicto de interés.

 

5. La reorganización de la infraestructura hidroagrícola y el uso agrícola del agua, vía comités de consumidores, investigadores y agricultores por cuenca, para poner fin al desperdicio del agua y la energía en este sector y priorizar la producción para la soberanía alimentaria.

 

6. El establecimiento del Fondo Nacional para el Derecho Humano al Agua y Saneamiento para el financiamiento directo de proyectos autogestionados por comunidades sin acceso al agua o al saneamiento, entre los que se priorizaría el equipamiento de escuelas públicas para el aprovechamiento y la potabilización de aguas pluviales para bebederos.

 

7. La asignación presupuestal equivalente a por lo menos 0.7% del PIB para ejecutar los planes rectores y municipales. Toda obra hidráulica tendría que contar con un dictamen que demuestre que su diseño implicaría menos costos y más beneficios sociohidricoambientales a lo largo de su vida útil. No se permitiría el concesionamiento (privatización) de obras hidráulicas.

 

8. Los sistemas de agua potable y saneamiento en manos públicas y comunitarias, sin fines de lucro. Reconocimiento de sistemas comunitarios y ciudadanización de los consejos de administración de sistemas municipales o metropolitanos vía representantes ciudadanos elegidos territorialmente, regidos por planes municipales por el derecho al agua y saneamiento elaborados por juntas municipales de agua y saneamiento, mayoritariamente compuestas por ciudadanos. Los sistemas municipales o comunitarios tendrían que garantizar el acceso equitativo a agua de calidad a los habitantes, así como bebederos y baños dignos en escuelas y plazas públicas. El agua potable asignado a estos sistemas sería para uso personal doméstico y de servicios públicos exclusivamente.

 

9. La instauración del dictamen de impacto sociohidricoambiental, para prevenir daños irreversibles a cuencas y acuíferos. Protección y buen manejo de áreas de importancia hídrica.

 

10. El establecimiento de la Contraloría Social del Agua, instancia ciudadana que colaboraría con la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Ministerio Público para poner fin a la impunidad en materia hidricoambiental.

 

11. La prohibición del uso de aguas nacionales para la fracturación hidráulica y la minería tóxica o cualquier otro uso (agrícola, industrial, etcétera) que implique la contaminación de tales aguas con sustancias tóxicas o radioactivas.

 

 

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