UN PAÍS SIN SISTEMA ALIMENTARIO

Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor,

explica que “Todo va enlazado en un sistema alimentario,

desde el cuidado de la salud alimentaria hasta todo

el espectro de implicaciones e impactos sociales de sus políticas”.

Con su autorización, y con nuestro agradecimiento,

compartimos este artículo, publicado originalmente en

la revista digital sinembargo.mx.



Las nuevas generaciones, por primera vez en décadas, tienen una esperanza de vida menor a la de sus padres debido a lo que están comiendo. La dieta es actualmente la principal causa de muerte en escala global. Los avances logrados durante decenios para aumentar la esperanza de vida se están yendo por la borda. Una de las causas está en el aumento de enfermedades como la diabetes tipo 2. Se calcula que uno de cada tres niños mexicanos desarrollará diabetes tipo 2 a lo largo de su vida, un tipo de diabetes llamada en el pasado “diabetes de los adultos”.

La manera en que producimos y consumimos nuestros alimentos es, después de la pobreza, la principal causa de deterioro de nuestras condiciones de vida. La forma en que producimos tiene un impacto en el medio ambiente, lo que producimos y cómo lo procesamos influye en nuestra salud, los recursos que se destinan al campo impactan en la igualdad o desigualdad económica de la población. La alimentación está en el centro de nuestra salud y de la relación que mantenemos con nuestro entorno, así como en el centro de nuestro sistema de distribución de la riqueza.

El sistema alimentario existente ha causado severos daños a la tierra, el agua y el aire, así como a la salud de la población. Por otro lado, el sistema alimentario es un asunto de seguridad nacional cuya relevancia se incrementa en tiempos de cambio climático. Y la realidad es que no existe un sistema alimentario en nuestro país, una política alimentaria, una política que integre la producción de alimentos a la salud alimentaria, una política que ligue los subsidios al combate de la desigualdad, una política que dirija la producción hacia formas ambientalmente más sustentables.

En un país sumido en una profunda crisis de salud por la introducción masiva de alimentos ultraprocesados en nuestra dieta, en un país con una extendida pobreza que tiene uno de sus orígenes en el abandono de los pequeños productores, la política alimentaria debe enfocarse en la recuperación de los llamados “alimentos verdaderos”, de la dieta tradicional, de la producción diversificada de alimentos; en la reactivación de los mercados locales y regionales, en el fortalecimiento de los pequeños productores, en la transparencia de los procesos de producción y distribución de alimentos.

Cientos de miles de muertes y enfermedades ocurridas cada año pueden prevenirse con una política integral alimentaria. La política agrícola debe diseñarse como parte de una política de salud alimentaria; de lo contrario no existe un sistema alimentario. Este sistema alimentario debe estar ligado a una publicidad de alimentos dirigida a la promoción de hábitos saludables entre los niños. Los alimentos y las bebidas en las escuelas deben enseñar a niños y niñas a reconocer y valorar las opciones más nutritivas, siempre con un valor cultural. Las visitas escolares deben dirigirse a tierras de cultivo y han de promoverse los huertos escolares.

Las políticas deben ser integrales y concordantes. Por ejemplo, si hay medidas fiscales dirigidas a reducir el consumo de los alimentos y las bebidas que son causa central de esta epidemia de obesidad y diabetes, a la par debe fortalecerse la producción, la distribución, la disponibilidad y el acceso a alimentos no procesados, a productos frescos, a “alimentos verdaderos”. Formas de distribución más directas que permitan mejores precios de venta a los productores y menores precios de compra a los consumidores, se pueden lograr reduciendo y regulando a los intermediarios que actualmente se quedan con las mayores ganancias, manteniendo en la miseria a los productores e incrementando los precios a los consumidores.

Las medidas fiscales para desalentar el consumo de alimentos y bebidas no saludables deben ser correspondidas con regulaciones de etiquetados y publicidad que vayan en el mismo sentido, no en el contrario, como lo hace el etiquetado frontal que acaba de establecerse. Este etiquetado, conocido como GDA, no es entendible, es decir, no ayuda a realizar elecciones saludables. El GDA, además, induce a consumir altísimas cantidades de azúcar que aumentan el riesgo de adquirir sobrepeso, obesidad y diabetes. Al igual, la regulación de la publicidad dirigida a la infancia debiera ser comprensiva y evitar que los niños estén expuestos en los horarios y medios más impactados por este tipo de publicidad.

La interconectividad del sistema alimentario, que va desde la producción hasta el consumo, considerando desde los beneficios sociales, económicos y ambientales hasta la protección de la salud alimentaria, debiera ser su planteamiento base. Todo va enlazado en un sistema alimentario, desde el cuidado de la salud alimentaria hasta todo el espectro de implicaciones e impactos sociales de sus políticas.

Como observan en un texto conjunto Mark Birtman, Michael Pollan, Ricardo Salvador y Oliver de Schutter,[1] en el que se inspira este artículo, “Las enfermedades crónicas relacionadas con la dieta, la seguridad alimentaria, las condiciones de trabajo, los salarios de los jornaleros y trabajadores de la cadena alimentaria, la inmigración, la calidad del agua y la tierra, las emisiones de gases invernadero y el financiamiento a los agricultores: Todos son temas conectados al sistema alimentario”.

Como lo citan los autores mencionados, en Brasil desde 2004 se tiene una política alimentaria nacional que cuenta, entre otros organismos, con un consejo de seguridad alimentaria constituido en su mayoría por representantes de la sociedad civil y productores. Señalan que en la ciudad de Belo Horizonte se cuenta con una política alimentaria con una inversión de 2% del presupuesto local en el acceso a alimentos y programas de apoyo a los pequeños productores, que ha reducido la pobreza en 25% y la mortalidad infantil en 60%, y ha otorgado créditos a dos millones de agricultores en una década promoviendo la agricultura urbana y periurbana.

Existen experiencias exitosas que muestran cómo la visión integral de una política alimentaria que considera los beneficios a los pequeños productores así como la salud alimentaria de los consumidores trae consigo otros beneficios materiales y culturales al combatir la pobreza, fortalecer las economías locales y recuperar la cultura culinaria.

 


[1] Mark Bittman es columnista y escritor sobre temas de alimentación en el New York Times; Michael Pollan es autor de célebres libros sobre el tema alimentario, como The Omnivore’s Dilemma; Ricardo Salvador es director del programa de alimentos y ambiente de la Union of Concerned Scientists; y Olivier De Schutter fue relator especial de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación.

 

 

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