DEFIENDEN CIUDADANOS PROPUESTA INTEGRAL

DE LEY GENERAL DE AGUAS


En vísperas del Día Mundial del Agua, celebrado el 22 de marzo,
la alianza Agua para Tod@s, Agua para la Vida, de la que GEA forma parte,
se expresó públicamente sobre los perjuicios ambientales y sociales que
entrañan las modificaciones legales impulsadas por la Conagua y reiteró la
propuesta ciudadana para integrar una Ley General de Aguas que permita
un manejo sustentable del vital líquido. Compartimos en seguida el comunicado
de prensa
.

 

• Conagua apuesta por la “privatización” fáctica de los recursos hídricos del país.

• Más de 450 investigadores y organizaciones de 27 estados respaldan la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, que permitiría una gestión sustentable y equitativa del agua como lo solicita la Constitución

 

Las propuestas hechas recientemente por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a cargo de David Korenfeld, ante la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados establecen un manejo diferenciado sobre los recursos hídricos del país y se contraponen con el precepto constitucional de garantizar el derecho humano al acceso al agua y al saneamiento(1), denunció la Iniciativa Ciudadana Agua para Todos, Agua para la Vida(2).

Si se toma en cuenta que México es un país con una alta vulnerabilidad a los impactos del cambio climático y que esto acentúa los altos contrastes en cuanto a la disponibilidad de agua a lo largo de su territorio, los planteamientos de la Conagua conllevan una serie de riesgos para la población mexicana pues apuestan a la “privatización” fáctica de los recursos hídricos del país:

1. Conservar la actual Ley de Aguas Nacionales. Esto representa continuar con el grave sobreconcesionamiento de más de 130 acuíferos, así como con el acaparamiento y la marginación hídrica. Se añadirían dos capítulos para permitir la fracturación hidráulica y la geotermia, sin evaluaciones de impacto ambiental.

2. Puntos de interés: a) el puesto de director general de la Conagua sería transexenal; b) se concesionarían trasvases a particulares; c) el derecho humano al agua podría limitarse por razones de “interés social, orden público o seguridad nacional”.

3. Se modificaría la NOM-011, que determina la disponibilidad del agua, para permitir el aprovechamiento de acuíferos ultraprofundos bajo zonas vedadas y de acuíferos costeros para desalinizadores. Ambas prácticas ponen en riesgo la integridad de los sistemas acuíferos proveedores del derecho humano al agua.

“Con este enfoque se conservaría el sistema de concesiones (transferibles), que ha fomentado megaproyectos de corte privatizador para proveer agua a grandes ciudades, así como para dar tratamiento a las aguas salientes, manteniendo el enfoque de negocio por encima del derecho humano”, señaló Elena Burns, del Centro para la Sustentabilidad Centli Incalli Ixcahuicopa-UAM.

 

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