Servidores públicos de Senasica infringieron la ley para permitir cultivos de maíz transgénico

En conferencia de prensa, el 18 de abril se dio a
conocer esta denuncia, presentada por organizaciones
civiles, entre ellas GEA, y destacados investigadores.
Con ella hacemos patente que el gobierno federal, en
su afán deimponer a toda costa el cultivo comercial de
maíz transgénico en nuestro país, continúa violando las
normas jurídicas, incluso la Ley de Bioseguridad de
Organismos Genéticamente Modificados que tan favorables
a los intereses de las transnacionales biotecnológicas.

Por incumplimiento y violaciones a diversas disposiciones previstas en la legislación en materia de bioseguridad al otorgar el primer permiso de siembra piloto de maíz transgénico para Tamaulipas, Octavio Carranza de Mendoza, director general de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, y Francisco Javier Trujillo Arriaga, director general de Sanidad Vegetal, fueron denunciados ante el Órgano Interno de Control del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) por las organizaciones Greenpeace México; Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, AC; Grupo de Estudios Ambientales, AC; Semillas de Vida, AC; e investigadores a título personal.

A pesar de que en Tamaulipas se localiza 12 % de las 59 razas nativas registradas en México (1), y del riesgo de contaminación que plantean los cultivos transgénicos a campo abierto por el flujo de genes, el 8 de marzo de 2011 los funcionarios denunciados otorgaron el primer permiso para la siembra piloto de maíz transgénico tolerante al herbicida glifosato (MON-00603-6) para esa entidad.

“Con dicha autorización los servidores públicos pretenden acelerar la liberación comercial de maíz transgénico en el país, no sólo ignorando el llamado de los expertos de instancias como el Instituto Nacional de Ecología (INE), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), sino violando sistemáticamente la legislación ambiental así como sus obligaciones de conocer, cumplir y hacer cumplir las disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio de sus funciones” (2), señalaron los denunciantes.

Las organizaciones resaltaron la falta de transparencia en el proceso que ha llevado la liberación de maíz genéticamente modificado (GM) desde la fase experimental hasta la fase piloto. La información que fundamenta la denuncia no se encuentra en el Registro Nacional de Organismos Genéticamente Modificados (3), sino que se ha conseguido a través de recursos de revisión dentro del Sistema INFOMEX, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ya que los funcionarios, en una primera instancia, se negaron a brindar la información solicitada.


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