RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL PLENO RESPETO DEL DERECHO HUMANO AL AGUA Y SANEAMIENTO EN LA LEY GENERAL DE AGUAS

 

El 26 de junio, la Red de Acción por el Agua (FANMex), Greenpeace y
la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)
llevaron a cabo en el Senado un foro para demandar la inclusión del respeto
al derecho humano al agua y al saneamiento en la Ley General de Aguas
que deberá emitir el Congreso y aprobar el Senado.

Allí se expresaron las recomendaciones ciudadanas que ahora les
ofrecemos con el acuerdo de nuestras compañeras de FANMex.

 

El derecho humano al agua y saneamiento debe ser el eje central de la Ley General de Aguas. El Congreso deberá presentar y aprobar un nuevo diseño institucional que corrija los enormes problemas que la Ley Nacional de Aguas ha generado y propagado.

La Constitución y los instrumentos normativos internacionales establecen que se respete y cumpla este derecho para poder transitar a una gestión sustentable y equitativa del agua que priorice a los que no cuentan con acceso a ella.

México ratificó la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que reafirma a los gobiernos como los principales responsables de las garantías individuales, y por lo tanto de brindar agua potable y saneamiento de buena calidad, en cantidad suficiente y de manera accesible, aceptable y asequible para todos, y además les recomienda que presten especial atención a los grupos vulnerables y marginados en las áreas donde actualmente no tienen ningún servicio y en las áreas carentes de servicios adecuados.

Oficialmente, en México 11 millones de personas no cuentan con acceso al agua potable; sin embargo, varios millones más reciben agua de calidad no adecuada para el consumo humano.1 Además, frecuentemente se encara el problema de los tandeos, tener agua entubada no garantiza la disponibilidad del agua.2

En cuanto a la infraestructura sanitaria básica, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sólo se colecta 63% del agua servida, es decir, que 37% de esta agua no es canalizada a ninguna infraestructura sanitaria básica.3 Y son las comunidades campesinas e indígenas, que generalmente se encuentran en las zonas rurales, alejadas de las cabeceras municipales, las que tienen los mayores índices de marginación y de falta de servicios básicos. Además, del volumen recolectado sólo 42% recibe tratamiento, es decir, que únicamente 29% del total del agua servida recibe algún tipo de tratamiento. Esto ha llevado a que el restante 71% contamine los cuerpos de agua del país, poniendo en riesgo la disponibilidad misma del recurso.

Con el cambio climático, México enfrenta una gran vulnerabilidad hídrica, se acentúan los contrastes en cuanto a la disponibilidad del agua y se multiplican los eventos hidrometeorológicos causantes de desastres que ponen en riesgo a varios millones de habitantes en el país.

La actual Ley de Aguas Nacionales ha llevado al grave sobreconcesionamiento de más de 130 acuíferos (20%) del país.4 Permite al Ejecutivo federal determinar la disponibilidad del agua, a quiénes concesionarla y bajo qué condiciones, sin mecanismos de revisión o participación pública. Esto ha propiciado un acaparamiento de fuentes de agua y una alta marginación hídrica de gran número de habitantes.

 

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